Alcaraz destaca que la nueva ley "aporta más luz y transparencia a la gestión pública"
El pleno de Les Corts ha aprobado la nueva Ley de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana, texto legal que "aporta más luz y transparencia a la gestión de los asuntos públicos, avanzando en las políticas de integridad por las que apuesta el Govern del Botànic", ha destacado el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.
El conseller ha resaltado que se trata de una ley que, además de introducir una regulación "completa y avanzada" que haga transparente la actividad de los grupos de interés, ha logrado "un alto grado de consenso, fruto del diálogo y de acuerdos con todos los grupos parlamentarios", ha explicado Alcaraz.
La nueva normativa en materia de grupos de interés se convierte en una de las regulaciones más avanzadas, dado que no existe legislación a nivel estatal y sólo tres autonomías la han desarrollado, siendo la valenciana la única que ha aprobado una ley específica que regule el fenómeno de los grupos de interés.
Ámbito de aplicación y Registro
La Ley de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana tiene un ámbito de aplicación amplio, dado que abarca la actividad de influencia de los grupos de interés ante la administración, altos cargos y personal empleado público, así como ante los diputados y diputadas de Les Corts, con un registro único de estos grupos.
El texto normativo prevé la colaboración con el resto de instituciones y administraciones públicas valencianas, especialmente con las entidades locales, para garantizar la transparencia de la actividad de los grupos de interés en su ámbito a través de la adhesión al registro o el reconocimiento recíproco de las inscripciones, en caso de que alguna entidad adopte un registro propio.
La ley contempla un Registro de Grupos de Interés de la Comunitat en el que constarán todas las actividades que desarrollan los citados grupos, de carácter electrónico, público, gratuito y obligatorio. Estará adscrito a la Administración de la Generalitat y se podrá acceder a través del Portal de Transparencia GVA Oberta y del portal de Les Corts.
Se han de inscribir en el registro los grupos, entidades o redes que realizan la actividad de influencia, tengan o no personalidad jurídica. No se consideran grupos de interés las organizaciones intergubernamentales y las agencias y organizaciones dependientes de ellas, además de las corporaciones de derecho público cuando realicen funciones públicas y los partidos políticos.
Código de Conducta y "huella normativa"
A su vez, el texto legal introduce un Código de Conducta de obligado cumplimiento, donde se concretan las exigencias éticas y de transparencia a que ha de estar sometida la capacidad de influir en las políticas públicas.
La Ley de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana se refiere a su vez al concepto de "huella normativa", en relación a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los citados grupos durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, contactos que se deberán plasmar en un informe que se anexará a los textos normativos y que se publicará en el Portal de Transparencia, junto con el expediente.
Por su parte, Les Corts también deberán establecer las medidas oportunas para hacer pública la aportación de los grupos de interés en las iniciativas legislativas.
Por otra parte, la nueva ley contempla un proceso especial de participación entre grupos de interés previo a la elaboración de normas, cuando el Consell así lo considere pertinente por la materia o los intereses en juego. Este procedimiento será compatible con el resto de trámites de participación ciudadana y de audiencia.
El resultado de esta negociación no será vinculante. No obstante, en el caso de separarse del resultado del proceso de negociación, el Consell tendrá que explicarlo motivadamente.
Cabe resaltar, que en la elaboración de la ley han participado los actores implicados, incluidos grupos de interés de diversos sectores profesionales, económicos y sociales, que han podido realizar sugerencias y aportaciones que se han tenido en cuenta para mejorar el texto normativo.
