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Política -  alboraya
29/05/2012 | elperiodic.com  

La Dirección General de Administracion Local considera las comfort letters firmadas por el ex alcalde Manuel Álvaro como fuertes

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• Al ser fuertes “podrían revestir la condición de aval”, dice el informe

El Ayuntamiento de Alboraya remitió al servicio de Asesoramiento municipal de la Dirección General de Administración Local una serie de cuestiones respecto de las comfort letters. En dicho informe se concluye que las comfort letters son fuertes y por lo tanto revisten la condición de aval, por lo que el ex alcalde Manuel Álvaro con su firma pretendía que el Ayuntamiento respondiera de los 16,5 millones de euros en el caso de que la empresa municipal Egusa dejara de pagar a los bancos.

El informe de la Dirección General de Administración Local habla de las comfort letters como actos administrativos fuertes que podrían revestir condición de aval y, por tanto, cabe iniciar un procedimiento de revisión de oficio para proceder a su nulidad. Según el informe “para proceder a la revisión de oficio se debe solicitar dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”.

A partir de ahora y en conformidad con lo que dictamina el informe el procedimiento a seguir será en primer lugar acuerdo plenario de incoación del expediente administrativo para la revisión de oficio, seguidamente audiencia a los interesados en el procedimiento, remisión del expediente íntegro al Consell Jurídic Consultiu para la emisión del dictamen, y finalmente, acuerdo plenario que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio según el dictamen emitido.

Además el Ayuntamiento cuenta con un informe técnico que manifiesta que el ex alcalde Manuel Álvaro a pesar de estar advertido desde 2007 por la intervención de no asumir más compromisos de pago, firmó a partir de ese año 4 comfort letters o avales por un importe total de 16,5 millones de euros, comprometiendo al Ayuntamiento de Alboraya y asumiendo un riesgo sin tener conocimiento ni la intervención, ni el Pleno de la corporación, ni la Conselleria de Economía y Hacienda.

El equipo de gobierno ha decidido dar traslado de los dos informes a la Fiscalía que investiga este asunto.

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