Aparecen en Alboraya casi 6 millones de euros en “facturas de cajón” sin contabilizar
Mamen Peris no descarta pedir cuentas penales al anterior alcalde Manuel Álvaro
Para la máxima responsable económica del Ayuntamiento de Alboraya, Mamen Peris (UPPA) “cada día nos encontramos con una nueva sorpresa económica desagradable que provoca que el pueblo de Alboraya cada vez se encuentre hipotecado por más años. El anterior alcalde del PP, Manuel Álvaro, se dedicó a comprar coches cuando no tenía dinero ni para pagar la gasolina y encima no tuvo la decencia ni de informar al gobierno entrante de cuál era la situación económica real del municipio”.
Esta situación de nefasta gestión económica ha provocado que en el pleno de ayer se aprobara solicitar a la Sindicatura de Cuentas un informe de legalidad y económico de las actuaciones de las empresas públicas Egusa, Alboraya Nou Centre Comercial y Alboraya Marina Nova desde 2006 a 2010, y el propio Ayuntamiento de Alboraya. Para Mamen Peris “dicha petición se realiza como consecuencia lógica del caos económico y derroche que hemos heredado del anterior alcalde, Manuel Álvaro. Además, auditar las cuentas del Ayuntamiento fue una exigencia básica que nos fijamos los cuatro partidos del pacto”.
La primera teniente alcalde, Mamen Peris, ha señalado que “no se pueden dejar facturas en los cajones sin que nadie responda de ellos. No sólo supone una nefasta gestión del anterior gobierno de Manuel Álvaro, sino que además hace un flaco favor a la ya maltrecha imagen que se tiene de la clase política”.
A este respecto, la responsable de UPPA, ha subrayado que “se encuentra en total sintonía con el líder del PP, Mariano Rajoy, cuando manifiesta que endurecerá la responsabilidad de los políticos sobre las cuentas, porque cuando se gestiona dinero público de todo un pueblo lo mínimo que se le debe exigir a un gobernante es transparencia, honestidad y control del gasto”.
Mamen Peris además desde su formación jurídica está en sintonía con quienes piden una reforma del Código penal para que no se deje impune a los políticos que incurren en impagos, arruinan empresas o se financian a costa de no pagar a los proveedores. “La mala gestión política debería castigarse con penas de inhabilitación para todo cargo público”, afirma Peris.
