En 2007 el interventor advirtió a Manuel Álvaro de que no podía comprometer al ayuntamiento ni a Egusa sin informe previo de la intervención
El informe de intervención que se acompañó al Prespuesto General del Ayuntamiento de Alboraya para el ejercicio 2007 ya advertía al anterior alcalde popular, Manuel Álvaro, que se debían tomar medidas para frenar el gasto en el Ayuntamiento y en la empresa pública Egusa.
El interventor viendo cómo se estaba gestionando en los años anteriores la empresa pública ya advierte a Manuel Álvaro que cualquier acto, documento o contrato que pueda tener relevancia económica, tanto para la empresa pública como al ayuntamiento, deberá ser informado por la intervención municipal.
Con ese aviso el interventor pretendía que nada se escapara al control público porque ya en 2007 veía que se estaban asumiendo créditos y soportando gastos que no podían hacerse frente y además no se generaban ingresos.
Manuel Álvaro a pesar de estar advertido desde 2007 por la intervención, firmó a partir de ese año 4 comfort letter o avales por un importe total de 16,5 millones de euros, comprometiendo al Ayuntamiento de Alboraya y asumiendo un riesgo sin tener conocimiento ni la intervención, ni el Pleno de la corporación, ni la Conselleria de Economía.
Para Mamen Peris, concejal de Economía, “no se puede alegar ignorancia, ni cargar sobre los funcionarios públicos la responsabilidad, cuando Manuel Álvaro tenía la obligación de informar y obtener el informe favorable del interventor, así como de la aprobación plenaria. El anterior alcalde nunca tuvo intención de informar a ningún órgano de control”.
Peris ha explicado que “en la actualidad la empresa Egusa ha dejado de pagar las cuotas del préstamo a Bankia por lo que desconocemos si la entidad financiera, ante dicho impago, acordará exigir las responsabilidades que pudieran corresponder, ya que los avales no contaron nunca con las aprobaciones que legalmente eran exigibles”.
