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Abogan por la profesionalización de los trabajadores de asistencia a dependientes

    El 90 por ciento de los profesionales que trabajan en las empresas orientadas a la asistencia a dependientes en la Comunitat Valenciana son mujeres, según un estudio realizado por la Asociación Empresarial de Residencias y servicios a Personas dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) y en el que se apuesta por la necesaria profesionalidad de los trabajadores del sector.

    Ese estudio además también destaca que el perfil del dependiente en el marco actual de la Ley es el de una mujer de más de 80 años y con un problema severo.

    El presidente de AERTE, Alberto Giménez, ha indicado que esa patronal engloba a cerca de 200 empresas y más de 12.000 trabajadores y ha destacado que el sector "se ha convertido en un vivero laboral de futuro tanto para especialistas asistenciales y sanitarios -gerocultoras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, etcétera- como trabajadora sociales, titulados universitarios y personal administrativo que ha visto recortada sus expectativas laborales en otras áreas".

    Alberto Giménez ha explicado que el sector de la dependencia todavía es un ámbito desconocido para muchos profesionales, si bien, ha comentado que la progresiva implantación de la Ley de la Dependencia hasta 2014 y la obligatoriedad de que éstos cuidados se presten en recursos profesionales y mediante trabajadores cualificados, tal y como indica la citada norma, convierte a éste sector en una fuente de empleo para los próximos años.

    En este sentido, Giménez ha incidido que la situación de los ciudadanos con una dependencia severa requiere de un cuidado profesional y, por ello, se ha mostrado contrario a los intentos de sustituir la asistencia profesional por cuidadores no cualificados.

    "Los ciudadanos con una dependencia severa deben ser atendidos por profesionales cualificados y en recursos que garanticen una atención sociosanitaria, esto es, que dispongan de asistencia médica, además de social."

    Por ello, el presidente de Aerte ha explicado que la Ley da prioridad a los servicios de atención domiciliaria o en centros especializados, frente a medidas alternativas que, aunque recomendables para determinados usuarios que pueden complementarlas con recursos abiertos, no podemos hacerlas extensivas a personas con dependencia grave o severa.

    No obstante, Alberto Giménez ha reconocido que, sólo en caso de que no hubiera acceso a estos recursos, la persona dependiente podría ser cuidada por un familiar y éste recibiría la prestación para su cuidado, si bien, en el caso de las personas con dependencia severa esta situación implica un riesgo evidente.

    El problema, según el representante de AERTE, es que esta situación excepcional se está convirtiendo en una norma que ha generado una bolsa empleo precario y cuidados no cualificados para personas que necesitan en muchos casos una atención especializada 24 horas del día.

    Esta situación, en palabras de Giménez, origina un perjuicio directo hacia las personas en situación de dependencia que carecen de cuidados médico-asistenciales cualificados y, por extensión, a sus familiares, ya que la prestación que contempla la administración para los casos excepcionales en los que no exista plaza no cubre las necesidades reales de un dependiente, además de la sobrecarga de trabajo que recae sobre los familiares.

    Por otra parte, Alberto Giménez ha explicado que el perfil del solicitante de la prestación por dependencia en el marco actual de desarrollo de la Ley, se puede resumir en una mujer de 81 o más años, con un grado de dependencia severo, situación que cumplirían algo más de 58% de los solicitantes.

    Ha manifestado además que hay que asumir que en el contexto actual siete de cada 10 dependientes tiene más de 66 años, siendo menos destacables los corchetes de edad inferior.

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